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Volumen 16 año 2009

 

PATERNIDAD Y FILIACION EN BAJA CALIFORNIA.

 

 

Lic. María Erika Cárdenas Briseño
Catedrática de la Facultad de Derecho Campus Mexicali
 
 
Paternidad y Filiación en el Estado de Baja California.
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La paternidad y filiación entendidas legalmente como la relación jurídica que existe entre padres e hijos de la cual se originan una serie de derechos y obligaciones, constituye a nuestro parecer y aún más que la institución matrimonial, el eje central del derecho de familia. Especial interés debemos observar ante este tema debido a la trascendencia que implica en diversos ámbitos de la vida tales como: personal, social, económico, emocional entre otros.

Actualmente observamos que nuestra legislación conserva la mayoría de los conceptos tradicionales del derecho de familia que por siglos han constituido las bases de su regulación. No obstante, el desarrollo de la vida contemporánea ha introducido nuevos factores que han quedado al margen de nuestra legislación y asimismo, existen preceptos o conceptos que han quedado obsoletos dado que han sido rebasados por las tendencias actuales.

El objetivo del presente trabajo es señalar y considerar para su mejor regulación algunos aspectos derivados de la paternidad y filiación que  no han sido tomados en cuenta en su totalidad por nuestra legislación o que bien requieren ser reformados y adecuarlos a nuestros tiempos.

El primer aspecto a considerar es de forma. Nuestro Código Civil, sigue distinguiendo entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, lo cual  puede interpretarse como un atentado contra el principio de igualdad entre los hijos cualquiera que sea su condición de origen familiar. Esta distinción se asemeja a las antiguas clasificaciones que de los hijos llegaron legalmente a hacerse, identificándolos como hijos legítimos, naturales, adulterinos, incestuosos y hasta sacrílegos.
           
Por lo tanto, consideramos que a efecto de proteger los principios de igualdad, dignidad y respeto a la persona, debemos omitir esta clasificación de hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio de nuestro Código Civil, limitándonos a regular el tema de la filiación en general.

El segundo aspecto lo constituye la omisión de preceptos jurídicos que regulen los avances científicos ante el tema de reproducción asistida. No existen en nuestra legislación preceptos que tiendan a regular por ejemplo: la determinación de paternidad del hijo cuando la mujer casada se somete a un tratamiento de reproducción asistida sin el consentimiento del marido, o bien los casos de inseminación posterior al fallecimiento del marido, así como la intervención de donantes de células sexuales, o bien el caso de madres subrogadas.

Un tercer aspecto consiste en lo obsoleto de diversas disposiciones de nuestro Código Civil ante los avances científicos y tecnológicos en materia de estudios genéticos para determinar la paternidad. Por principio, debería incluirse expresamente  en nuestro Código Civil la validez de la prueba pericial genética para la determinación de la paternidad o maternidad y a su vez derogarse o modificarse todos aquellos preceptos que establecen presunciones sobre la paternidad basados en términos o en otros supuestos que no constituyen una prueba fehaciente de paternidad.

Han transcurrido varios años desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor de la prueba pericial en genética para el logro de la investigación de la paternidad cuestionada, que permita asentar legalmente la identidad jurídica y biológica primordialmente de los niños.

Este criterio que evolucionó rápidamente ha permitido salvaguardar el derecho a la identidad de los niños cuyos padres se niegan al reconocimiento voluntario o bien a la práctica de la prueba pericial en genética alegando que es violatoria del derecho a la intimidad genética o bien que les causa un daño irreparable al disponerse de material biológico.

A continuación se transcribe la jurisprudencia correspondiente:

Registro No. 172993
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Marzo de 2007
Página: 111
Tesis: 1a./J. 101/2006
Jurisprudencia
Materia(s): Civil

JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO LOS PRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN), OPERA LA PRESUNCIÓN DE LA FILIACIÓN CONTROVERTIDA (LEGISLACIONES DE NUEVO LEÓN Y DEL ESTADO DE MÉXICO).

Conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., 6o., 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño; y 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los menores tienen derecho a conocer su identidad, y la importancia de ese derecho fundamental no sólo radica en la posibilidad de que conozcan su origen biológico (ascendencia), sino en que de ese conocimiento deriva el derecho del menor, constitucionalmente establecido, de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral, además de que puede implicar el derecho a una nacionalidad determinada. Por otra parte, los Códigos de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León y del Estado de México establecen medidas de apremio a través de las cuales los Jueces y Magistrados pueden lograr que sus determinaciones se cumplan. Así, cuando en un juicio de paternidad se ordena el desahogo de la prueba pericial en materia de genética (ADN) y el presunto ascendiente se niega a que se le practique, es constitucional que se le apliquen dichas medidas para que se cumpla la determinación del juzgador, pero si a pesar de esas medidas no se logra vencer la negativa del demandado para la realización de la prueba, esto no significa que se deje a merced de la voluntad del presunto ascendiente el interés superior del menor, y que dicha negativa u oposición para la práctica de la prueba quede sin consecuencia alguna, ya que en todo caso debe operar la presunción de la filiación controvertida porque, por una parte, el artículo 190 bis V del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León así lo señala expresamente y, por otra, aunque la legislación del Estado de México no precisa esa circunstancia en una norma expresa, atendiendo al interés superior del niño y de una interpretación extensiva y analógica de los artículos 1.287 y 2.44 del Código Procesal Civil de esa entidad federativa, que establecen los supuestos de confesión ficta y reconocimiento de documentos, se concluye que ante la negativa del presunto ascendiente a practicarse la mencionada prueba, debe operar la presunción de la filiación, salvo prueba en contrario, pues como se ha dicho, considerarlo de otra manera llevaría a dejar el interés superior del niño a merced de la voluntad del presunto progenitor y no se respetaría su derecho fundamental a conocer su identidad.
Contradicción de tesis 154/2005-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.

Tesis de jurisprudencia 101/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintidós de noviembre de dos mil seis.

No obstante, el Código Civil para el Estado de Baja California, no ha recogido ninguna de estas novedades en materia de paternidad y filiación y de derecho a la identidad.

Nuestra legislación sustantiva, sigue siendo omisa en cuanto a reconocer expresamente la validez de la prueba pericial en genética como el medio más idóneo en la actualidad para resolver las controversias derivadas de la investigación o contradicción de la paternidad y por otra parte, siguen vigentes preceptos de antaño que no coinciden con la realidad y problemática social que vivimos en nuestro Estado y que más que ayudar entorpecen los procedimientos judiciales en materia de paternidad alegada. Tal es el caso de todos aquellos preceptos que establecen presunciones de paternidad basadas en los términos de ciento ochenta y trescientos días, así como el impedimento consistente en que la mujer viuda, divorciada o aquella cuyo matrimonio fuere declarado nulo contraiga matrimonio dentro del término prohibido por la legislación en el artículo 155  que es de trescientos días a menos que antes dé a luz a un hijo, por tanto, consideramos que dichos preceptos deben ser derogados de nuestra legislación pues no existe razón alguna para que se conserven estas disposiciones ya que actualmente la prueba pericial genética, permite resolver con certeza cualquier conflicto de confusión de paternidad.

En comparación, el Código Civil para el Distrito Federal establece expresamente en su artículo 382 lo siguiente:

ARTÍCULO 382. La paternidad y la maternidad pueden probarse por cualquiera de los medios ordinarios. Si se propusiera cualquier prueba biológica o proveniente del avance de los conocimientos científicos y el presunto progenitor se negara a proporcionar la muestra necesaria, se presumirá, salvo prueba en contrario, que es la madre o el padre.Un cuarto aspecto es el referente al respeto a la identidad real del hijo y que esta quede asentada en el acta de nacimiento correspondiente. Al respecto, actualmente nuestro Código Civil permite el asentamiento de falsedades en el acta cuando el hijo es producto de una relación de adulterio por parte de la madre. Este tema es controvertido debido a que el Código Civil establece la presunción de que el hijo nacido dentro de matrimonio es del marido y por lo tanto debe llevar su apellido a menos que sea desconocido y exista sentencia ejecutoriada que declare que no es hijo suyo.

Si bien este es un tema que requiere de una amplia discusión, considero importante señalar que un derecho fundamental de los niños es conocer su identidad real, lo que implica conocer quienes son sus padres biológicos y sus orígenes.

Actualmente el Código Civil de Baja California siguiendo criterios moralistas, pretende proteger a la familia y al marido cuando ha sido engañado por su mujer del descrédito social que puede llegar a presentarse dejando de lado la identidad real del hijo. Algo similar sucede en el caso de investigación de la maternidad  cuando se pretende atribuir el hijo a una mujer casada, los artículos 382 y 383 establecen:


ARTÍCULO 382.- Está permitido al hijo nacido fuera de matrimonio y a sus descendientes, investigar la maternidad, la cual puede probarse por cualquiera de los medios ordinarios; pero la indagación no será permitida cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada.


ARTÍCULO 383.- No obstante lo dispuesto en la parte final del artículo anterior, el hijo podrá investigar la maternidad si ésta se deduce de una sentencia civil o criminal.


Sin duda estos preceptos basados en la moral, atentan y entorpecen el conocimiento de la identidad real de la persona que pretende establecer legalmente una relación de paternidad o maternidad y filiación.

A manera de conclusión, consideramos pertinente el que se lleve a cabo por parte de los especialistas en materia de derecho de familia una revisión a la legislación de Baja California que permita implementar soluciones prácticas a la problemática actual que la institución familiar presenta ante los avances tecnológicos y científicos en materia de paternidad y filiación. En materia procesal proponemos la simplificación de la investigación de la paternidad limitándose a los resultados de la prueba pericial en genética y finalmente consideramos necesario revisar todos aquellos criterios de moralidad que prevalecen en la legislación civil y que lejos de servir permiten mayores injusticias.
           
Fuentes consultadas:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4.
Convención sobre los Derechos del Niño
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Código Civil para el Estado de Baja California
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California
Código Civil para el Distrito Federal
IUS 2007