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Volumen 16, 2009

 

JERARQUÍA NORMATIVA EN EL ORDEN
CONSTITUCIONAL MEXICANO Y ARGENTINO.
Una senda jurisprudencial.

 

José Luis Huape Rodríguez
Alumno en el doctorado de Derecho Constitucional y Amparo UABC-UNISON.
 

1.-Noción de jerarquía en el orden jurídico.

2.-Jerarquía normativa en México.
3.-Jerarquía normativa en Argentina.
4.- Conclusiones
5.- Fuentes Consultadas
6.- Referencias
 

 

1.- Noción de jerarquía en el orden jurídico.
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El orden jurídico está integrado de una multiplicidad y variedad de disposiciones o normas producidas por las diversas fuentes que operan en él. La propia idea de orden sin embargo, impide por principio la existencia de un cúmulo informe de normas contrastantes entre sí y exige, en consecuencia, que esa multiplicidad de normas sea reconducida a un sistema de reglas coherentes (Betegón Jerónimo, et al; 1997: p. 227).

El maestro García Máynez hace notar que los preceptos pueden estar en distintos planos dentro de los sistemas que integran al orden jurídico, al señalar: Los preceptos que pertenecen a un sistema jurídico pueden ser del mismo o de diverso rango. En la primer hipótesis hay entre ellos una relación de coordinación; en la segunda, un nexo de supra o subordinación. La existencia de relaciones de este último tipo permite la ordenación escalonada de aquellos preceptos y revela, al propio tiempo, el fundamento de su validez (García Máynez, Eduardo; 2003: 83-85).

El mencionado filósofo mexicano, destaca también la idea de que, la cadena jerárquica en línea ascendiente tiene un límite en la norma fundamental de un orden jurídico al expresar: El ordenamiento jurídico no es una sucesión interminable de preceptos determinantes y actos determinados, algo así como una cadena compuesta de un número infinito de eslabones, sino que tiene un límite superior y otro inferior. El primero denomínase norma fundamental; el segundo está integrado por los actos finales de ejecución, no susceptibles ya de provocar ulteriores consecuencias (obra citada; 2003: 85).

Según Kelsen la jerarquía da unidad y validez a un orden jurídico, es también un elemento de cohesión, así lo apunta en los términos siguientes: El orden jurídico no es un sistema de normas de derecho situadas en un mismo plano, ordenadas equivalentemente, sino una construcción escalonada de diversos estratos de normas jurídicas. Su unidad está configurada por la relación resultante de que la validez de una norma, producida conforme a otra, reposa en esa otra norma, cuya producción a su vez está determinada por otra; un regreso que concluye, a la postre, en la norma fundante básica. La norma fundante básica, hipotética en ese sentido, es así el fundamento de validez supremo que funda la unidad de esta relación de producción (Kelsen Hans; 1986: p.232).

En el orden jurídico basado en el principio de jerarquía, la norma fundamental y fundante se encuentra en el más alto peldaño, y de ella derivan las demás, de modo que no admite ninguna otra norma superior, y en línea descendiente los actos de aplicación representan el fin de la cadena de validez y consumación del orden. En suma, la jerarquía es una directriz que ayuda a identificar las normas del sistema, su validez, también es un método para resolver antinomias.

En este ensayo se hará alusión al conjunto de disposiciones que expresamente forman el orden jurídico constitucional, con exclusión de los usos y costumbres de pueblos indígenas. 

        

2.- Jerarquía normativa en México.

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Cuando la premisa del orden jerárquico está expresamente establecida en la Constitución, el tema se delimita más no se facilita. Muestra de tal aseveración son las múltiples y divergentes opiniones doctrinales y jurisprudenciales que hay en torno a la jerarquía.

En México Don Felipe Tena Ramírez expresa: La supremacía de la Constitución sobre leyes del Congreso de la Unión y sobre tratados

consta en el artículo 133, cuya primera parte dispone: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” Aunque la expresión literal del texto autoriza a pensar a primera vista que no es sólo la Constitución la ley suprema, sino también las leyes del Congreso de la Unión y los tratados, desprendiéndose sin embargo del propio texto que la Constitución es superior, a las leyes federales, porque éstas para poder formar parte de la ley suprema deben emanar de aquélla, esto es, deben tener su fuente en la Constitución; lo mismo en cuanto a los tratados, que necesitan estar de acuerdo con la Constitución. Se alude así al principio de subordinación de los actos legislativos respecto a la norma fundamental (Tena Ramírez Felipe; 2006:18).

El maestro Ignacio Burgoa señala al respecto: La supremacía se reserva al ordenamiento constitucional, pues tanto las leyes emanadas del Congreso de la Unión, como los mencionados tratados, en cuanto a su carácter supremo, están sujeto a la condición de que no sean contrarios a la Constitución. La hegemonía de la Constitución, es decir, del derecho fundamental interno de México, sobre los convenios y tratados en que se manifiesta el Derecho Internacional Público, se corrobora por lo que establece el artículo 15 de nuestra ley suprema, en el sentido de que no son autorizables, o sea, concertables, tales convenios o tratados si en estos se altera la garantía y los derechos establecidos constitucionalmente para el hombre y el ciudadano…no tiene validez formal ni aplicabilidad las convenciones internacionales que la contravengan (Burgoa Ignacio; 1985: 361-363).

El Dr. Jorge Carpizo en comentario a la tesis P.LXXVII/90 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala: En un Estado federal, hay tres órdenes o círculos, el más amplio es el del Estado federal, que se identifica con la propia Constitución, y sus disposiciones afectan a la unidad de ese Estado. Es como dicen algunos autores extranjeros: existen el orden nacional y dos órdenes subordinados a la Constitución, al Estado federal, a las normas que emanan de él, que son las leyes constitucionales a las cuales se refiere nuestra ley fundamental en su artículo 133, como “las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella”, y éstas se encuentran en el mismo nivel que los tratados internacionales, que son normas que también afectan la unidad del orden jurídico, la unidad del Estado federal; por ello es que la división de competencias que el artículo 124 establece entre la federación y las entidades federativas no es aplicable a los tratados internacionales (Carpizo Jorge; 2000 :496-497).

Para Don Felipe Tena y el Dr. Burgoa el orden jerárquico es, en primer lugar la Constitución, en su orden las leyes del Congreso y tratados internacionales; mientras que el Dr. Carpizo reconoce el primer lugar a la Constitución, pero iguala la posición de los tratados y leyes del Congreso de la Unión. Éste es el status de la doctrina nacional.

Ahora, la interpretación judicial en México ha virado al paso del tiempo en cuanto definición de la jerarquía normativa. En el pasado reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó que hay igualdad jerárquica entre los tratados internacionales y las leyes federales, la tesis señala:

LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.- De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes que emanen de ella, como los tratados internacionales, celebrados por el Ejecutivo Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con la misma, ocupan, ambos, el rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las normas en el orden jurídico mexicano.

Ahora bien, teniendo la misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria no puede ser considerada inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado internacional. 1

La Corte abandonó el criterio anterior en el año de 1999, y reacomodó el orden jerárquico normativo al definir que los tratados internacionales tienen primacía sobre las leyes federales y locales, en la tesis que establece:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión "... serán la Ley Suprema de toda la Unión ..." parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes constitucionales", y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.". No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA."; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal 2

En la tesis anotada la Corte estableció la existencia de tres niveles en la jerarquía del orden constitucional mexicano, en un primer plano la Constitución, en el segundo los tratados y finalmente las leyes federales y locales, éstas últimas distinguidas por el ámbito material de validez.

El día 13 de febrero de 2007, el Alto Tribunal introduce una modalidad al criterio antes señalado sobre jerarquía normativa constitucional, al distinguir que los niveles jerárquicos contemplan un orden de carácter nacional, integrado y posicionado sucesivamente por la Constitución Federal, tratados internacionales y leyes generales; y un segundo nivel compuesto por leyes federales y locales. Se precisa que las leyes generales o constitucionales son las expedidas por el Congreso de la Unión, para diferenciarlas de las emitidas por la Cámara de Diputados, una aclaración más, se conserva en segundo orden después de la Constitución a los tratados; dicha tesis señala:

TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario "pacta sunt servanda", contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional. 3

3.- Jerarquía normativa en Argentina.
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En Argentina también hay reglas que jerarquizan el orden normativo, principalmente el artículo 31 de la Constitución, que en lo conducente establece: “Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la Provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre de 1859.”

De la misma manera que como ocurre en México, el citado precepto de la Constitución Argentina, contempla el principio de supremacía constitucional, señalando el siguiente orden de prioridad:

1.- Constitución nacional

;2.- Leyes nacionales;

3.- Tratados internacionales;

4.- Constituciones y leyes provinciales.

Respecto de la supremacía constitucional ello está fuera de debate, pues, como se dijera, el principio supone no sólo la existencia de la ley fundamental por encima de cualquier tipo de norma, sino la subordinación a su texto de las que se encuentran por debajo de ella (Baeza Carlos R; 2000: 413).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que pese a la literalidad de la disposición constitucional, no hay duda que después de las normas constitucionales, los tratados tienen rango superior a las leyes nacionales, y lo ha dicho así:

TRATADOS.-Ni el art. 31 ni el 100 de la Constitución Nacional atribuyen prelación o prioridad de rango a los tratados con las potencias extranjeras respecto de las leyes validamente dictadas por el Congreso Nacional. Ambas normas ­leyes y tratados­ son calificadas como ley Suprema de la Nación. 4

En base a los argumentos de los constituyentes Caifero y Barra en los debates de la convención nacional de 1994, se afirma que, a partir de la reforma de ese año no cabe duda, que la Constitución es norma suprema colocada en un lugar superior a los tratados, y éstos tienen jerarquía superior a las leyes, sin embargo es distinta la situación que puede presentarse, según la naturaleza de los diversos tratados suscritos por la República Argentina o que suscriba en un futuro, pues los tratados pueden ser: sobre derechos humanos incorporados; sobre derechos humanos a incorporarse; sobre integración con Estados de América Latina; sobre integración con otros Estados; otros tratados (obra citada; 2000: 208).

En esa corriente de opinión la Corte Argentina dejó claro que los tratados según su materia tienen distinta jerarquía en el orden jurídico nacional, al expresar:

TRATADOS INTERNACIONALES. Ref.: Derechos humanos. Supremacía constitucional. Leyes penales. Retroactividad de la ley.

Los tratados de derechos humanos a los que hace referencia los párrafo segundo y tercero del art. 75 inc. 22, son jerárquicamente superiores a los demás tratados -los supralegales (art. 75, inc. 22, primer párrafo, e inc. 24)- y por ello tienen jerarquía constitucional, pero eso no significa que sean la Constitución misma. 5

Tanto en México como en Argentina se contienen reglas de jerarquización normativa, en este último país se ha llegado más lejos al grado de jerarquizar los tratados internacionales en atención a su materia, por lo pronto hay una primera distinción, pues los tratados sobre derechos humanos tienen mayor rango constitucional que en cualquier otra materia.

En México vamos con paso lento, afortunadamente, no hemos llegado a la jerarquización de tratados, mucho menos a la afirmación de que esos instrumentos tengan jerarquía constitucional, como lo hizo la Corte Argentina en un acto de audacia.

El camino de la jerarquización normativa o de tratados no es el método más recomendable para disolver antinomias, lagunas, ni para establecer la pertenencia de una regla a un sistema de un orden jurídico determinado, es demasiado formal o esquemático, más bien debe optarse por el camino principalista.

Dejar a los principios jurídicos que resuelvan las antinomias y los problemas de validez y omisión normativa, es en mí concepto, el mejor camino, en cuanto tales principios constituyen mandatos de optimización de valores, esto significa que son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida fáctica y jurídica posible (Alexy Robert; 1994: 185).

En caso de que exista colisión entre un tratado y otro, o de éste con una norma general, nacional o constitucional, los principios jurídicos son los estándares jurídicos más adecuados para solventar esos problemas, dada su cualidad “concurrente”.

Esto significa que los principios por ser mandatos de optimización no pueden jerarquizase normativamente o dicho de otra manera, no pueden ser canonizados en ley, de manera que su cualidad les permite concurrir con cualquier norma, incluso con preceptos constitucionales.

Así por ejemplo, en caso de colisión de dos cláusulas de distintos tratados, podría decidirse por el que favorezca a la persona humana, en atención al principio jurídico pro homine, sin necesidad de recurrir a criterios de jerarquía normativa, es decir, debe primar un criterio sustantivo de ponderación racional y valorativo, sobre el acartonado criterio de gradación normativa, que no siempre puede llevar a soluciones justas.

4.- CONCLUSIONES
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Primera.- Tanto en México como en Argentina existen reglas para la jerarquización normativa del orden jurídico nacional, previstas en sus respectivas Constituciones generales;

Segunda.- A pesar de la existencia de reglas de jerarquización, tanto en México como en Argentina no es pacífica la doctrina y la jurisprudencia en el entendimiento de ese orden;

Tercera.- En México el orden jerárquico normativo es el siguiente: Constitución; tratados internacionales; normas generales o constitucionales; normas federales y estatales, según interpretación jurisprudencial;

Cuarta.- En Argentina el orden jerárquico normativo es el siguiente: Constitución; tratados sobre derechos humanos; tratados en otras materias; leyes nacionales; constituciones y leyes provinciales, según criterio jurisprudencial;

Quinta.- El camino de la jerarquización normativa no es el método más recomendable para disolver antinomias, lagunas, ni para establecer la pertenencia de una regla a un sistema de un orden jurídico determinado, es demasiado formal o esquemático, se debe propugnar por el camino principalista, para obtener soluciones más justas.

5.- FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

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    • Betegón Jerónimo, et al, Mc Graw Hill, Madrid, 1997.
    • García Máynes Eduardo, Introducción al estudio del derecho, Porrúa, México, 2003.
    • Kelsen Hans, Teoría pura del derecho, UNAM, traducción Vernengo Roberto J., México, 1986.
    • Tena Ramírez Felipe, Derecho constitucional mexicano, Porrúa, México, 2006.
    • Burgoa Ignacio, Derecho constitucional mexicano, Porrúa, México, 1985.
    • Carpizo Jorge, Nuevos estudios constitucionales, Porrúa-UNAM, México, 2000.
    • Alexy Robert, El concepto y validez del derecho y otros ensayos, Gedisa, traducción Seña Jorge M., España, 1994.

           
6.-Referencias
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1No. Registro: 902,454, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, Tesis: 1781, Página: 1230, Genealogía:  Gaceta del emanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 60, diciembre de 1992, página 27, Pleno, tesis P. C/92.

           

2No. Registro: 192,867, Tesis aislada, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Noviembre de 1999, Tesis: P. LXXVII/99, Página: 46

3Registro No. 172650, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, Abril de 2007, Página: 6, Tesis: P. IX/2007, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional.

4E. 231. XXI.; ESMA ­ Hechos que se denunciaron como ocurridos. 29/03/1988. T. 311, P. 401

5(Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt). Mayoría: Petracchi.  Voto: Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco,Lorenzetti, Argibay.  Disidencia: Fayt. Abstención: S. 1767. XXXVIII.;  Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de lalibertad, etc. (Poblete) -causa N° 17.768-.14/06/2005 ,T. 328, P. 2056.

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